Las empresas estibadoras de los puertos de Gijón y Avilés bloquean la negociación del convenio colectivo
Coordinadora considera que las empresas no están comprendiendo la importancia de llegar a un acuerdo con la parte social para garantizar la viabilidad y la prosperidad a largo plazo del sector
La negociación del convenio colectivo con las empresas estibadoras de los puertos de Gijón y Avilés se encuentra nuevamente en un punto muerto tras la falta de avances en la reciente reunión mantenida entre las mismas y el coordinador de Zona Norte y vicecoordinador general por Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos (CETP), Jonatan Granado.
Los representantes de las empresas estibadoras acudieron a la reunión con un enfoque inmovilista al no presentar ninguna propuesta sobre la regulación de la jornada de trabajo que habían propuesto en anteriores reuniones.
Desde Coordinadora se considera que las empresas no están comprendiendo la importancia de llegar a un acuerdo con la parte social para garantizar la viabilidad y la prosperidad a largo plazo del sector portuario en Gijón y Avilés; “no entienden que esta situación está creando inestabilidad”, apunta Jonatan Granado.
«La falta de avances en las negociaciones es preocupante», ha destacado Granado, «hemos estado buscando fórmulas y soluciones para modificar la jornada laboral, proporcionando opciones, pero las empresas siguen sin concretar nada».
Coordinadora también ha destacado la necesidad de regularizar los incrementos del Índice de Precios al Consumo (IPC). Al respecto, según datos actuales, el IPC acumulado ha alcanzado un 20,1%, –desde el año 2011 hasta ahora— lo que da una idea de la pérdida de poder adquisitivo y de calidad de vida que han estado padeciendo los trabajadores.
Llegados a este punto, Coordinadora insta a las empresas estibadoras a retomar las negociaciones de manera seria y comprometida, considerando las propuestas de la parte social y trabajando juntos para alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes, para no verse abocados a tener que adoptar las medidas necesarias para defender los derechos del colectivo afectado.